Tuesday, May 6, 2008

Se despenaliza la migración en México

México, D. F. a 30 de abril de 2008
Número:662
Se despenaliza la migración en México

 La Cámara de Diputados aprobó, el 29 de abril, la minuta enviada por el Senado de la República que despenaliza la migración indocumentada a México y elimina la condena de hasta 10 años de cárcel a quien ingrese al país sin los documentos requeridos.
 
 La medida, además de suprimir las penas de cárcel, abre canales para la regularización y se propone respetar los derechos humanos de los migrantes.
 
 La iniciativa fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras.
 
 Las nuevas medidas convierten a la inmigración indocumentada en una ofensa menor que puede ser cubierta con una multa. La mayoría de los migrantes indocumentados en México proviene de Centroamérica.
Vea aquí la minuta de la Cámara de Senadores
Vea aquí la minuta de la Cámara de Diputados

 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO RESPECTO A LA MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos, integrantes de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica y 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

Los integrantes de las Comisiones encargadas de la revisión, análisis y dictamen de la Minuta en comento, llevaron a cabo sus labores conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos preliminares realizados por las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo de "Contenido de la Minuta", se exponen los motivos y el impacto esperado de las propuestas de reformas en estudio y se hace una breve referencia de los temas ahí comprendidos.

III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras manifiestan sus argumentos de valoración con respecto a los diversos planteamientos expresados en la Minuta, así como los factores que sustentaron la decisión de respaldar o rechazar en su caso, el documento en comento.

I. ANTECEDENTES

1) Con fecha 4 de septiembre de 2007, el Pleno de esta Cámara fue notificado de la Minuta remitida por la Cámara de Diputados el 26 de abril de dicho año, que contiene el Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población. La Minuta mencionada fue turnada a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

2) En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido de la citada Minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios e integrar el presente dictamen. Cabe referir también que en esta etapa participaron, bajo el mecanismo de conferencia, los Diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta reforma los artículos 118 y 125 y deroga los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127, debido a que comprenden disposiciones que -segúnse sostiene en dicho documento- penalizan con severidad los actos más frecuentemente efectuados en el contexto de la migración indocumentada, lo cual es inadmisible por distanciarse de las exigencias sociales y el respeto a los derechos humanos de los migrantes; asimismo, se considera que criminalizan la pobreza y la búsqueda de oportunidades, se basan en una política criminal contraria al Derecho penal mínimo y a los principios básicos del Derecho penal democrático y se suman a una pluralidad de sanciones previstas para las mismas conductas.

Cabe referir que la Minuta en comento tiene como base y antecedentes, en primer término el dictamen con proyecto de Decreto del 9 de marzo de 2006, respecto a diversas Iniciativas que reforman, derogan y adicionan la Ley General de Población, aceptado con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, LIX Legislatura y en el que se propone la derogación de los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127, así como la modificación de los artículos 118 y 125 de la citada ley, a la cual nos referiremos tambiéna lo largo del presente dictamen con sus siglas en mayúsculas, LGP.

Asimismo, el proyecto de Decreto de reformas presentado el 8 de marzo de 2007, por el Diputado José Jacques y Medina, del GPPRD, el cual pretendió derogar los artículos 118 al124 y el 127, así como reformar el artículo 125 de la Ley, con la finalidad también de evitar la "criminalización" de los inmigrantes indocumentados que se encuentran en nuestro país.

Igualmente, la propuesta legislativa del Diputado Edmundo Ramírez Martínez, del GPPRI, presentada el 8 de marzo de 2007 y que propuso reformar los artículos 118 al 123, así como el 125 y el 137 de la LGP. La iniciativa intenta reconocer que la acción penal en materia migratoria debe ser mediante querella con el objetivo de que solamente se despenalicen algunas conductas y, en cambio, sean sancionadas de manera administrativa y posterior deportación.

Finalmente, la Iniciativa de reformas presentada el 13 de marzo de 2007, por el Diputado Cruz Pérez Cuéllar, del GPPAN, con objeto de modificar los artículos 118, 119, 120 y 123 de la LGP. Dicha proposición planteó, por un lado, mantener la pena corporal al extranjero que no exprese o que oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación y, por otro, destipificar determinadas conductas que "en la actualidad, de manera excesiva, son consideradas delictivas, cuando en realidad constituyen meras infracciones de naturaleza administrativa, que deben ser conocidas por una vía distinta de la penal".

Los Diputados consideran que mantener como está en la actualidad, el estatus migratorio legal de nuestro país, solo legitima y otorga elementos adicionales a los actores más conservadores en Estados Unidos para continuar con su campaña de odio contra nuestros connacionales y ayuda a los sectores más racistas del norte en su empeño por considerar a nuestros migrantes como terroristas, contribuyendo a que las redes de transnacionales de tráfico de personas sigan disfrutando de un negocio ampliamente lucrativo, por lo que resulta necesaria la no criminalización y la despenalización de la migración y de los migrantes.

De igual forma, la Minuta de San Lázaro asienta que para ser congruentes con la defensa de los derechos humanos de los connacionales, "no sólo debemos buscar la protección de sus derechos en Estados Unidos, sino que es necesario sentar las bases legislativas para que los migrantes que ingresan a nuestro país cuenten con la protección a sus derechos humanos".

III. CONSIDERACIONES

Las Comisiones Dictaminadoras creen pertinente y necesario recordar que elCongreso mexicano está facultado para legislar en materia de migración internacional, población y calidad de los extranjeros en el país, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:

"Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I A XV...

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

XVIIa XXX..."

Igualmente, el Congreso está facultado y obligado a legislar en esta materia con arreglo a lo que dispone el párrafo segundo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como por el inciso b) del numeral I del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y el artículo 6º del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

En esta tesitura, las Comisiones en comento también consideran que es sumamente trascendente actualizar o poner al día la Ley General de Población, en razón de que varias de sus disposiciones se encuentran sumamente desfasadas con respecto a la dinámica migratoria generada por los millones de connacionales que se desplazan hacia los Estados Unidos de Norteamérica, así como por los cientos de miles de centroamericanos que se internan en nuestro país con rumbo a la nación mencionada.

A ese respecto es necesario traer a colación que en las décadas de los años sesentas y setentas, el flujo migratorio de mexicanos hacia el país del norte se ubicaba en un promedio anual de 26 a 29 mil personas, muy por debajo del promedio actual que se aproxima al medio millón anual.

Asimismo, en aquéllos años era muy baja la frecuencia de internación de extranjeros indocumentados por la frontera sur del país en tránsito hacia los EEUU, y no es sino a partir de 1980 que la internación de extranjeros indocumentados a México se ha incrementado consistentemente, cuando el número de asegurados por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) alcanzó por primera vez la cifra de 10 mil; tendencia que se acentuó de manera notoria a partir de 1990. En los últimos años el número de extranjeros asegurados por el INM aumentó el 74%, al pasar de 138 mil 61, en 2002, a 240 mil 269, en 2005.

Igualmente, los integrantes de las Comisiones responsables del dictamen, coinciden con aquellos que sostienen que es ineludible la tarea de vincular y adecuar la Ley General de Población con los compromisos y posturas asumidas por nuestro país en los organismos internacionales, tales como la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Así como por una actitud de congruencia con el trato que exigimos para con nuestros connacionales en los Estados Unidos de Norteamérica.

Adentrándonos en el análisis de las propuestas contenidas en la Minuta, es necesario señalar en primer término que el segmento de artículos que se plantea reformar y/o derogar, ubicados en el capítulo VIII de la Ley, se caracteriza porque contiene disposiciones que penalizan con severidad -que comprende penas de cárcel y de tipo administrativo- los actos que con más frecuencia efectúan los cientos de miles de inmigrantes indocumentados, a fin de internarse en nuestro país con rumbo a los E.E.U.U. en su mayor parte.

Los supuestos y penalizaciones carcelarias que abordan los citados numerales son los siguientes:

1. Hasta diez años de prisión:

1.1 Al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente en el territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión. (Artículo 118).

1.2 Al extranjero que no exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación. (Artículo 118).

2. Hasta seis años de prisión:

2.1 Al extranjero que habiendo obtenido legalmente autorización para internarse en el país, por incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el mismo. (Artículo 119).

3. Hasta cinco años de prisión:

3.1 Al mexicano que contraiga matrimonio con un extranjero sólo con el objeto de que éste pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que la Ley establece para estos casos. (Artículo 127).

3.2 Al extranjero contrayente en el caso anterior. (Artículo 127).

3.3 Al extranjero que dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado. (Artículo 122).

4. Hasta dos años de prisión:

4.1Al extranjero que se interne ilegalmente en el país. (Artículo 123).

4.2 Al extranjero que, por la realización de actividades ilícitas o deshonestas, viola los supuestos a que está condicionada su estancia en el país. (Artículo 121).

5. Hasta dieciocho meses de prisión:

5.1 Al extranjero que realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a la LGP o al permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado. (Artículo 120).

Ante esta tesitura, lo primero que desean asentar los integrantes de las Comisiones revisoras, es que coinciden plenamente con lo expresado en el dictamen aprobado el 23 de abril de 2007, por parte de los Diputados de los diversos grupos parlamentarios que conforman la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; en dicho documento se plantea que los artículos en comento tienden a vulnerar los derechos humanos de los migrantes y criminalizan la pobreza y la búsqueda de oportunidades, ya que la inmigración hacia México en tránsito hacia los Estados Unidos tiene una explicación fundamentalmente de carácter económico, que tiene que ver con las condiciones de pobreza extrema y de ausencia de opciones de empleo e ingresos para una vida digna, en los lugares de origen de los transmigrantes.

A este respecto, también estiman importante considerar la reflexión que sobre el asunto en comento ha formulado la Clínica Legal de Interés Público del Departamento de Derecho del ITAM, en el sentido de que "nadie elige en qué país, ni en qué condiciones sociales nacer", por lo que "no se puede castigar penalmente la búsqueda de mejores oportunidades de vida en un país distinto del país de origen, ya que ello no atenta contra bien jurídico alguno. Si bien los países tienen soberanía para decidir quién puede o no cruzar sus fronteras, dicha soberanía no puede usarse para criminalizar a quien ingrese en territorio nacional de manera irregular, pues sería un abuso de la soberanía estatal y una violación a los derechos humanos de los migrantes indocumentados".

De igual forma, las que dictaminan manifiestan que la criminalización de la inmigración indocumentada no solo va en contra de los avances y convenios internacionales, que en materia de la defensa de los derechos humanos de los migrantes México ha sido uno de los más entusiastas y comprometidos promotores y firmantes, sino que también contribuye a facilitar y detonar la extorsión, la amenaza y la arbitrariedad, hacia los cientos de miles de centroamericanos que anualmente cruzan nuestro país con rumbo a la frontera norte.

Entre los acuerdos de orden internacional más relevantes, cabe destacar el Protocolo Contra el Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, firmado y ratificado por México el 4 de marzo de 2003, el cual establece en su artículo 5 que aquellos migrantes que sean objeto de tráfico ilícito de personas u otras actividades relacionadas con este delito no deben ser sujetos de enjuiciamientos penales.

Asimismo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias establece que "los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la seguridad personales"; dicha definición se ve radicalmente cuestionada y limitada en nuestro país por las penalizaciones de las que es objeto el migrante indocumentado.

En el informe que México presentó en 2006, ante el Comité de Seguimiento de la Convención mencionada, el gobierno federal reconoce que "uno de los problemas que presenta actualmente el marco legislativo es que las ofensas o infracciones de carácter migratorio pueden estar sujetas a procedimientos penales, según lo establecido en la LGP". A su vez, dicho Comité ha recomendado a nuestro país que "oriente sus esfuerzos a la creación de una ley de migración que corresponda a la nueva realidad migratoria del país y se ajuste a lo dispuesto por la Convención y otros instrumentos internacionales aplicables" y agrega que: "Esta ley deberá eliminar -inter alia- como delito penado con privación de libertad la entrada irregular de una persona en su territorio".

No está por demás agregar algunos de los pronunciamientos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha expresado sobre este tema en varias ocasiones; en diversos comunicados de prensa aparecidos en el período que transcurrió del 22 de junio de 2006 al 5 de enero de 2007, la CNDH abordó constantemente el tema de la necesidad de despenalizar la actividad de los migrantes indocumentados y la insuficiencia de la Ley General de Población para regular las nuevas realidades migratorias, "lo cual es origen de muchas de las anomalías que se presentan actualmente en detrimento de los derechos humanos de los migrantes"; asimismo, hizo señalamientos de la vulnerabilidad de los migrantes incrementada por la existencia de tipos penales que los criminalizan, la impostergabilidadde legislar en materia migratoria para lograr una reforma integral que excluya la criminalización de los migrantes indocumentados, y el exhorto a pugnar por la despenalización de la migración con el fin de que la internación indocumentada a un país, sea considerada una falta administrativa y como tal sea atendida y sancionada.

Finalmente, las que dictaminan comparten también el señalamiento expresado por el Quinto Visitador General de la CNDH, Mauricio Farah, quien ha sugerido que "México debe buscar la autoridad moral necesaria para reclamar el abuso que se comete contra nuestros connacionales en Estados Unidos, pues en nuestro país también se cometen excesos contra indocumentados, principalmente centroamericanos, que ingresan por la frontera sur". El funcionario ha señalado que con relación al aspecto migratorio, México es víctima y victimario, pues mientras Estados Unidos abusa de los mexicanos, el país lo hace de los centroamericanos, de modo que los excesos en territorio nacional son réplica de la política de contención que promueve nuestro vecino del norte.

Por todo ello, los integrantes de las Comisiones revisoras consideran que en la elaboración del presente dictamen, se está frente a una significativa oportunidad para cumplir -por una parte- con la obligación de armonizar la legislación nacional conforme a los derechos establecidos en los instrumentos firmados y ratificados por nuestro país y por la otra, contribuir a modernizar las disposiciones jurídicas en materia de población, enfocándolas a la promoción y vigencia de los derechos humanos de los migrantes, más que a diseñar y aplicar mecanismos de vigilancia, control y penalización de los movimientos de población.

La Minuta remitida por la Cámara de Diputados modifica sustancialmente el numeral 118, al determinar la supresión de la pena carcelaria, la conversión de la multa económica en días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y su conmutación por trabajo comunitario de hasta 36 horas ante la incapacidad del pago y la repatriación al país de origen si hubiese negativa al pago de la multa y/o a la realización de trabajo comunitario,

Asimismo, propone la derogación total de los 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127, mientras que para el 125 plantea que la cancelación de la calidad migratoria y la consecuente expulsión del país, sólo se aplique al extranjero en las hipótesis previstas en los artículos 115 y 117.

Las que dictaminan expresaron líneas arriba, su coincidencia en términos generales con las consideraciones y argumentos que sostuvieron los Diputados integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en la aprobación de las modificaciones a los artículos 118 y 125, así como para la derogación de los artículos 119 al 124 y el 127; concuerdan también en que resulta necesaria y apremiante la eliminación de las sanciones penales contenidas en los numerales citados, en razón de que constituyen una afrenta contra los derechos humanos de los migrantes.

Sin embargo, las Comisiones Dictaminadoras consideran que es imprescindible realizar algunos ajustes al contenido de la Minuta citada, a fin de complementar y consolidar la trascendental reforma que aprobaron los Diputados, la que repercutirá en beneficio directo de los cientos de miles de centro y sudamericanos que ingresan a nuestro país para trasladarse a los Estados Unidos de Norteamérica, así como en la promoción y vigencia del Estado de Derecho en las sociedades regionales de ambas fronteras.

Una primera cuestión que es necesario abordar, se relaciona con los supuestos o hipótesis comprendidos y sancionados en los artículos que la Minuta deroga, específicamente del 119 al 124; como se puede observar en el texto de dicho documento, sólo el supuesto normado en el artículo 122 (el extranjero que dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta a la que le otorgaron) está contemplado en el texto del nuevo inciso c) del artículo 118; los demás son omitidos o exceptuados de toda regulación.

Para evitar semejante yerro, las Comisiones Dictaminadoras acordaron las siguientes medidas en el artículo 118:

1º Convienen excluir en su totalidad la pena carcelaria.

2º Determinan que continúen vigentes los supuestos que actualmente comprende el citado artículo, aunque por cuestiones de precisión jurídica, son separados para constituir dos incisos.

3º Toman como base la sanción económica propuesta por la Minuta, y establecen multa deveinte a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tanto para los supuestos que ya abordaba en su texto vigente, como para los correspondientes a los artículos siguientes:

119, con el que se crea el inciso c)
(Al que habiendo obtenido legalmente autorización para internarse al país, por incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el mismo)
120, con el que se crea el inciso d)
(Al que realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a esta Ley o al permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado)
122, con el que se crea el inciso e)
(Al que dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado)
123, con el que se crea el inciso f)
(Al que se interne ilegalmente al país)
y el 127, con el que se crea el inciso g)
(Al que contraiga matrimonio con mexicano)
Con relación a este último inciso, es pertinente aclarar que las que dictaminan desechan la derogación del artículo 127 que propuso la Minuta, por varias causas que en su momento se explicitan; sin embargo, manifiestan su acuerdo en eliminar la penalización carcelaria tanto para el extranjero como para el mexicano, así como de atenuar o disminuir de forma significativa el monto de la sanción económica impuesta para el extranjero, causa por la cual se establece este nuevo apartado y se modifica el texto del artículo 127.

4º Las que dictaminan también crean un penúltimo párrafo, para mantener normado con base en lo previsto en el Código Penal, elsupuesto del artículo 124, que se refiere al extranjero que haga uso de un documento falso o alterado, o que proporcione datos faltos al ser interrogado por la autoridad con relación a su situación migratoria.

5º De igual forma incorporan un último párrafo, con el propósito de que puedan solicitar la regularización de su situación migratoriaaquéllos que hayan incurrido en el supuesto comprendido en el inciso c), el cual se refiere a los extranjeros que habiendo obtenido legalmente autorización para internarse al país, por incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se encuentren ilegalmente en el mismo.

Con relación a la propuesta que formula la Minuta al final del artículo 118, que tiene como objeto conmutar la multa establecida para sus diversos supuestos, por la realización de trabajo comunitario en el caso de acreditarse la incapacidad o imposibilidad para cumplir con dicha sanción, las que dictaminan consideran que si bien el planteamiento es bondadoso y noble, también resulta inviable e inoperante, ante la magnitud que representa en la actualidad el fenómeno de la inmigración indocumentada en nuestro país y su proyección creciente en los siguientes años.

De esta forma, el nuevo texto del numeral 118 que acuerdan las que dictaminan es el siguiente:

Artículo 118º.- Se impondrá multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al extranjero que:

a) Habiendo sido expulsado se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión;

b) No exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación;

c) Habiendo obtenido legalmente autorización para internarse alpaís, por incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el mismo;

d) Realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a esta Ley o al permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado;

e) Dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado;

f) Se interne al país sin la documentación requerida;

g)Contraiga matrimonio con mexicano en los términos previstos en el artículo 127.

Al extranjero que haga uso de un documento falso o alterado, o que proporcione datos falsos al ser interrogado por la autoridad con relación a su situación migratoria, se le impondrán las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 125.

El extranjero que haya incurrido en el supuesto comprendido en el inciso c) de este artículo, podrá solicitar la regularización de su situación migratoria.

Las que dictaminan respaldan la determinación de los Diputados de derogar los artículos 119, 120, 122, 123 y 124, al eliminarse las penas carcelarias establecidas en su texto, así como por haber incluido sus supuestos en el cuerpo del artículo 118, como se señaló en los párrafos anteriores.

Con respecto al artículo 121, las dictaminadoras convienen también su derogación, a partir de que si un extranjero -tanto como un nacional- transgrede en nuestro territorio el marco jurídico vigente, será objeto de las penalizaciones que éste prescriba, tanto de orden corporal como administrativo, más allá de las categorizaciones ambiguas como lo referente a las actividades deshonestas.

En referencia al artículo 125, su texto en vigor señala que el extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127 y 138, se le cancelará la calidad migratoria y será expulsado del país, sin perjuicio de que se le apliquen las penas establecidas en dichos preceptos. Por su parte, la Minuta le hace las siguientes cuatro modificaciones:

a) Introduce el supuesto del extranjero que se introduzca sin la autorización debida; b) sólo menciona las hipótesis previstas en los artículos 116 y 117, exceptuando las comprendidas en los demás artículos; c) omite la cancelación de la calidad migratoria y d) establece la repatriación o la deportación.

Las Comisiones Dictaminadoras sostienen que sí es necesario reformar el artículo en comento, por las observaciones siguientes:

1º Es imprescindible suprimir de su texto los numerales 119, 120, 121, 122, 123 y 124, en virtud de que este proyecto de decreto los deroga, por todo lo asentado anteriormente;

2º Se incorpora el numeral 116, en virtud de que también contiene hipótesis a sancionar: (Al que en materia migratoria presente o suscriba cualquier documento o promoción con firma falsa o distinta a la que usualmente utiliza);

3º Se considera redundante incluir al artículo 126, en razón a que contiene ya las sanciones pertinentespor violar la soberanía o la seguridad nacional;

4º Se excluye también al artículo 127, a partir de que este proyecto de decreto suprime la penalización carcelaria y cambia el monto de las sanciones administrativas.

De igual forma, las que dictaminan no consideran procedente y por tal desechan la propuesta de la Minuta que introduce en el artículo 125, el supuesto del extranjero que se interne sin autorización debida a territorio nacional, en virtud de estar inmersa en el nuevo texto del artículo 118. Asimismo, también determinan la no procedencia del uso del concepto de deportación, sino de expulsión o repatriación en su caso.

A partir de las reflexiones anteriores, las que dictaminan proponen el texto siguiente:

Artículo 125.-El extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos115, 116, 117, 118 y 138, será expulsado del país o repatriado a su país de origen si existiese convenio con este último, sin perjuicio de que se le apliquen las penas previstas en dichos preceptos.

El artículo 127 impone una pena hasta de cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que la Ley establece para estos casos; igual sanción se aplica al extranjero contrayente; al efecto, la propuesta de la Minuta de la Cámara de Diputados es de derogarlo totalmente.

Las que dictaminan han realizado también una profunda valoración sobre esta medida; saben que puede parecer difícil o improbable definir los matrimonios que se efectúan para que los extranjeros se acojan a los beneficios de la LGP; asimismo, puede tomarse como una afectación a las garantías individuales de quienes fuesen considerados como sospechosos. Sin embargo, las Comisiones Dictaminadoras han determinado que no es procedente derogarlo, pero sí eliminar de él la pena carcelaria; igualmente, consideran prudente aminorar la sanción económica a los extranjeros involucrados en este supuesto, pero la han incrementado para los mexicanos.

Las causas primordiales de esta decisión obedecen -entre otros factores- a la necesidad de impedir un acto simulado, mismo que se traduce en un fraude a la ley, así como en una fuente de corrupción importante y en un mecanismo perverso vinculado a la trata y al tráfico de personas. Adicionalmente, es pertinente recordar que el matrimonio es una institución de interés público, que debe apegarse a lo previsto por el Título Quinto del Código Civil.

Sin embargo, las que dictaminan también han considerado que para la aplicación de las sanciones previstas en este artículo, será necesario que la intencionalidad sea comprobadade manera fehaciente y que se cuente con sentencia firme de carácter irrevocable, dictada por autoridad judicial competente.

Por las razones anteriormente expuestas, el texto que proponen las Comisiones Dictaminadoras es el siguiente:

Artículo 127.- Se impondrá multa hasta de cien a quinientos días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que la Ley establece para estos casos.

Para la aplicación de las sanciones previstas en este artículo, será necesario que la intencionalidad sea comprobadade manera fehaciente, para lo que se deberá contar con sentencia firme de carácter irrevocable, dictada por autoridad judicial competente.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO RESPECTO A LA MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE REFORMA Y DEROGADIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Artículo Único.- Se reforman los artículos 118, 125 y 127;y se derogan los artículos 119, 120, 121, 122, 123 y 124, para quedar como sigue:

Artículo 118º.- Se impondrá multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al extranjero que:

a) Habiendo sido expulsado se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión;

b) No exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación;

c) Habiendo obtenido legalmente autorización para internarse alpaís, por incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el mismo;

d) Realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a esta Ley o al permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado;

e) Dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado;

f) Se interne al país sin la documentación requerida;

g)Contraiga matrimonio con mexicano en los términos previstos en el artículo 127.

Al extranjero que haga uso de un documento falso o alterado, o que proporcione datos falsos al ser interrogado por la autoridad con relación a su situación migratoria, se le impondrán las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 125.

El extranjero que haya incurrido en el supuesto comprendido en el inciso c) de este artículo, podrá solicitar la regularización de su situación migratoria.

Artículo 119º.- (Se deroga).

Artículo 120º.- (Se deroga).

Artículo 121º.- (Se deroga).

Artículo 122º.- (Se deroga).

Artículo 123º.- (Se deroga).

Artículo 124º.- (Se deroga).

Artículo 125.-El extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos115, 116, 117, 118 y 138, será expulsado del país o repatriado a su país de origen si existiese convenio con este último, sin perjuicio de que se le apliquen las penas previstas en dichos preceptos.

Artículo 127º.- Se impondrá multa hasta de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que la Ley establece para estos casos.

Para la aplicación de las sanciones previstas en este artículo, será necesario que la intencionalidad sea comprobadade manera fehaciente, para lo que se deberá contar con sentencia firme de carácter irrevocable, dictada por autoridad judicial competente.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México Distrito Federal, el día 9 de abril del año 2008.

COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA



Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de la Junta de Coordinación Política de fecha 11 de octubre del año 2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado.

Opina en uenlacetransparencia@senado.gob.mx

SENADO DE LA REPÚBLICA: Xicoténcatl No.9, Centro Histórico
Ciudad de México, Distrito Federal
C.P 06010 Teléfono: 51-30-22-00

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